Escuelas violentadas.

La nota “estudiantes y maestros bajo fuego en El Salvador” llama la atención sobre uno de los problemas más alarmantes actualmente. Las escuelas del país sufren una ola de extorsiones, asaltos, violencia sexual, agresiones físicas y emocionales, y asesinatos. La nota expresa:

“Los niños y jóvenes están tratando de aprender en un ambiente nada adecuado, un ambiente de miedo y de represión”, dijo a IPS el vicepresidente de la Fundación Innovaciones Educativas Centroamericanas (Fieca), Felipe Rivas.

A la falta de recursos -propia de un país pobre- para mejorar la educación, se suman ahora los impactos del crimen y la delincuencia.

La tasa de analfabetismo en el país es de 10 por ciento, pero sube a 22 por ciento en las áreas rurales, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del 2010. El Ministerio de Educación se ha planteado la meta de bajar la tasa de analfabetismo nacional a cuatro por ciento en 2014, un objetivo que los expertos consideran difícilmente alcanzable, entre otros factores por el impacto que la violencia está creando en la comunidad estudiantil.

Buena parte de esta violencia se le achaca a las pandillas, pero vale la pena considerar que también la familia puede ser fuente de violencia, más allá del tipo delincuencial. Por un lado, porque muchas veces el trato que adultos dan a niños y niñas constituye en realidad maltrato infantil , que se confunde con la idea de disciplinar, o que simplemente se considera el trato normal que se les debe dar. Por otro, la familia carga con tensiones y conflictos propios del contexto salvadoreño, desde el desempleo hasta la migración, que hacen mella en las relaciones interpersonales y el establecimiento de vínculos afectivos sólidos. Estos patrones relacionales violentos son reproducidos entre compañeros/as (recordemos que además de la socialización vertical, de padres a hijos, está la socialización horizontal, entre pares, que muchas veces es más poderosa que la primera), y conforman una particular vulnerabilidad a otras clases de violencia y a realizar actos delictivos.

Algunas de las medidas adoptadas por la policía, como el registro de de los estudiantes al entrar en los planteles, en busca de armas y drogas, han sido criticadas por el riesgo de que los agentes cometan abusos de poder y hasta violaciones a los derechos humanos.

Otra medida cuestionada es la de enviar a grupos de estudiantes de educación básica a las cárceles del país, para que vean directamente la vida de los reos y lo que puede sucederles si se adentran en los caminos delictivos.

En 2011, unos 362 maestros solicitaron traslados por motivos de inseguridad, según Simeduco, y 78 por ciento de ellos los obtuvieron. Pero el número de afectados podría ser sustancialmente superior porque hay quienes no denuncian y pagan la extorsión para evitar ser asesinados. Gracias a la presión del gremio magisterial, el parlamento aprobó en 2011 el decreto transitorio 499, que agilizaba el rápido traslado de docentes extorsionados y que caducó en noviembre. Ahora, el gremio demanda que el parlamento renueve el decreto por tres años más. Sin embargo, el problema persistirá porque el sustituto también sería amenazado. “El problema no se resuelve con los traslados, porque al maestro que llegue igual lo van a extorsionar”, dijo Rivas. (FIN/2012)

En el artículo “Prevenir en un país violento“, el autor se refiere al problema de la violencia en El Salvador como una “situación cancerosa”, dado el deterioro progresivo al que nos enfrentamos como sociedad. Ante esto, afirma, es indispensable que no sea sólo “el doctor”, el Estado, quien se responsabilice por el tratamiento. El “paciente”, la comunidad, también debe asumir una serie de obligaciones, acordes a sus capacidades (“no se puede esperar, desde luego, que el paciente se anestesie, agarre un bisturí y se opere a sí mismo”):

Sin embargo, con facilidad nuestra sociedad expresa desde desconcierto hasta resistencia frente a la idea de la corresponsabilidad en la seguridad ciudadana, lo cual es típico de contextos convulsos como en el que vivimos. Se suele desear una intervención invasiva y radical de parte de “los médicos” (el Estado) –sin preguntas ni consultas–, y se cuestiona, por ejemplo, si tiene caso hablar de prevención y de participación comunitaria en un país que ya padece altos índices de violencia criminal, pensando que eso equivaldría a preguntarse si en verdad es útil comer sanamente o dejar de fumar cuando se sufre un “cáncer” tan avanzado como el que tenemos. Esta actitud ciudadana de escepticismo es muy normal, en una situación anormal.

En esta realidad, hablar de prevención y de participación comunitaria supone reconocer que la violencia criminal que nos afecta no se reparte por igual en todo el país, ni en frecuencia ni en intensidad (no todos “los órganos” se nos están muriendo al mismo ritmo). Desde un punto de vista criminológico, contamos con regiones, sectores, comunidades y colonias en circunstancias muy diversas, distintas unas de otras, por lo que no sería correcto hacer exactamente lo mismo en todas partes (ni en prevención, ni en control). De igual modo, no sería apropiado esperar que la participación comunitaria despierte la misma disposición y tenga la misma efectividad en toda la población nacional. Hay que tener claro que, en el marco de la seguridad ciudadana, existen diferentes tipos de prevención, tipos de participación y tipos de comunidades.

Como ejercicio de comparación, la Revista Proceso ha publicado recientemente una reseña del libro Ciudad del crimen, sobre Ciudad Juárez, del escritor y periodista Charles Bowden, quien sostiene que, en este tipo de zonas, “(…) Hay dos maneras de estar a salvo y cuerdo. Una de ellas es el silencio, fingir que no ha pasado nada y negarse a decir en voz alta lo que pasó. La otra es un pensamiento mágico, inventar explicaciones para eso que te rehúsas a decir, y gracias a estas explicaciones v as desestimando esa cosa que no puede llegar a tus labios […]” Y hay una manera más de sobrevivir: formar parte del problema. 

Las intervenciones necesarias van más allá de la militarización y el atemorizar a los estudiantes con lo que “les puede pasar”. Podríamos hipotetizar que los estudiantes no se involucran en actividades delictivas pensando en su futuro o en que los van a atrapar, sino por las ganancias y beneficios más inmediatos (materiales o sociales, como el status); y que en ocasiones se involucran en ellas poco a poco, de modo que el aumento de la gravedad puede pasar desapercibido hasta que ya no pueden salir del ciclo violento. Son hipótesis que deben ponerse a prueba, pero es una visión alternativa que genera propuestas diferentes a lo que se ha hecho hasta ahora. Sin desmerecer los esfuerzos hasta la fecha, la falta de mejoría nos obliga a buscar otros abordajes.

No sólo le corresponde a los Ministerios de Seguridad y de Educación incidir en el problema de la violencia en las escuelas. La intervención al respecto debe ser masiva pero cuidadosa, sabiendo que de la mano de intervenciones inmediatas y urgentes, van otras que exigen conocimientos especializado de muchas disciplinas y profesiones, y el compromiso no sólo de las autoridades. Difícilmente el Estado aportará recursos para realizar estudios en comunidades, que permitiesen identificar sus fortalezas y debilidades y cómo trabajar cada una; difícilmente, la sociedad estaría de acuerdo porque “lleva mucho tiempo” y porque les exige a los adultos re-educarse y cuestionar ideas que se han manejado como verdades por generaciones. Pero detener la violencia de la que son víctimas las escuelas exige incidir no sólo dentro de ellas, no es sólo relocalizar maestros ni dar charlas a los estudiantes; exige, ante todo, modificar el entorno social en el que se encuentran inmersas.

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