De la exclusión social al exterminio: ¿Podríamos construir una cultura de paz? (Colaboración)

En esta ocasión, compartimos un texto que recibimos de un colega, que solicita identificarse únicamente como H. M. El autor trabajó en la Alcaldía de Santa Ana y participó en el programa de prevención de violencia juvenil Centro de Alcance por Mi Barrio USAID-SICA. En su experiencia comunitaria tuvo la oportunidad de interactuar con jóvenes en riesgo de violencia y también con jóvenes activos en las pandillas y sus familias. A partir de esta experiencia, reporta en este artículo algunas opiniones de las personas inmersas en este contexto de violencia y la percepción de su realidad.

El Salvador atraviesa un repunte en los índices de muertes violentas. El Instituto de Medicina Legal, de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, reportó 2,701 muertes violentas durante el período comprendido entre mayo y agosto de 2015, lo cual refleja que la violencia se ha constituido como un fenómeno a gran escala que afecta a la mayoría de salvadoreños, y un problema social que pareciera una espiral de nunca acabar.

Parece ser que la juventud en El Salvador no tiene otro proyecto de vida más que emigrar hacia los Estados Unidos, o resignarse a vivir en un país con escasas oportunidades, donde el estigma de vivir en una comunidad asediada por pandillas les convierte en víctimas de exclusión social, discriminación y blanco de posibles atentados contra su integridad. Esto, por consiguiente, contribuye a la reproducción del círculo de desigualdad social y de violencia.

Ante esta situación, el Estado salvadoreño ha optado por endurecer su política represiva. Incluso, ha declarado a las maras y pandillas como “organizaciones terroristas”. Diversas masacres, por parte de la Policía Nacional Civil y del Ejército salvadoreño han sido ejecutadas en los meses supra señalados (ver aquí, aquí y aquí), y como resultado, las pandillas recrudecieron una ofensiva por matar policías y soldados, como una muestra de medir fuerzas con el Estado. Las familias humildes de ambos bandos han estado de luto, mientras que los políticos se culpan los unos a los otros y no toman acuerdos claros al respecto. Pareciera que su política es simple: exterminio y más exterminio.

Sin embargo, en las comunidades, agonizan los escasos proyectos de prevención de violencia para la niñez, la adolescencia y juventud. A partir de ello, adolescentes y jóvenes recrean cada vez más la desesperanza como un constructo que orienta fuertemente su vida, dado que hay pocas oportunidades de que ellos sean productivos en la sociedad. Los escasos proyectos que existen, por ejemplo, los Centros de Alcance Por Mi Barrio, no poseen apoyo gubernamental, sino más bien, se sostienen con ayudas de municipalidades, la participación de Iglesias, y voluntariado de la misma comunidad.

Este proyecto en particular contempla ejes de acción que devuelve la esperanza a niños, niñas, adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia delincuencial, y les abre la posibilidad a una forma de vida diferente. Entre estos ejes se contempla el arte, la cultura y el deporte, talleres vocacionales, refuerzo escolar y homologación educativa, recuperación de identidad comunitaria y de espacios públicos, talleres de valores y convivencia social, acceso a la gestión laboral, emprendimientos productivos, entre otros. Y usted amigo lector, se preguntará, como salvadoreño: ¿Servirá este tipo de programas en mi comunidad?

Una posible respuesta es que, en el año 2011, a partir de la implementación de este programa en la zona occidental de El Salvador, específicamente en el municipio y departamento de Santa Ana, se logró una disminución de muertes violentas en los años subsiguientes, según datos oficiales del Instituto de Medicina Legal:

Santa Ana tuvo 223 muertes violentas en 2010, 275 en el 2011, 111 en el 2012, 72 en el 2013 y 106 en el 2014. Si se compara la cifra del año 2011, el cual fue el año más violento del período, comparándolo con otros años se tiene que en el 2012 se redujeron en un 59.64%, en el 2013 se redujeron en 73.82% y en el año 2014 61.46%.

Resulta oportuno destacar que en este ejercicio de reflexión sobre violencia delincuencial, no se abordan estadísticas de disminución del delito de extorsión, porque si bien en este período estos programas ayudaron a disminuir muertes violentas, el delito de extorsión, según la percepción ciudadana, persiste en el cotidiano salvadoreño. A esta disminución hay que agregar el pacto entre pandillas, ya que, según entrevistas realizadas por medios informativos de El Salvador a voceros de estos grupos, el acuerdo entre pandillas consistía en la disminución de homicidios pero no se abordaba la erradicación de las extorsiones mientras existieran las condiciones de exclusión al acceso educativo, laboral y social de estos grupos frente al quehacer de la sociedad salvadoreña.

En estas dos vías de análisis, de prevención y de rehabilitación, es imperativo que estos programas incluyan a jóvenes en “riesgo social” y a jóvenes que sean parte de los grupos arriba señalados que deseen acceder a programas de capacitación que les permitan tener otra forma de vida, obtener un trabajo digno para mantener a sus familias, no ser discriminados por vivir en comunidades en riesgo, y de esta forma construir una cultura de paz que sustituya la cultura de violencia actual. Pero qué triste realidad, Juan dice: “Que bien fuera encontrar un trabajo pero no me dan porque vivo en la Santa Anita, y por gusto estudié mi bachillerato”. Así, miles de jóvenes de comunidades no encuentran oportunidades y son sometidos a la exclusión social. Este círculo es tan cotidiano que para muchos lectores sea hasta “normal” aceptar esta realidad. La señora Marta dice: “Mi hijo está preso, tiene llagas por todo su cuerpo, y en el mismo cuarto de unos 3 por 5 metros hay como 120 internos, eso no es de Dios, usted”, ¿Podrá haber rehabilitación en estas condiciones?

En este orden de ideas, casi nadie, o “nadie”, cree que las pandillas puedan ser productivas para la sociedad, puesto que el tema se ha politizado al extremo que se analiza desde el fanatismo partidario y no desde la realidad comunitaria, y las posibilidades reales de que el ser humano pueda cambiar su forma de ver la vida y de enfrentarla. ¿Qué pasaría si en las cárceles se crearan verdaderos talleres de producción de artesanías y que los presos obtuvieran un salario para mantener a sus familias y no tener que delinquir? ¿Qué pasaría si se creara una oficina de exportación de estos productos no tradicionales a mercados de compatriotas en Estados Unidos y Europa? ¿Qué pasaría si se crearan condiciones penitenciarias dignas, puesto que los privados de libertad solo han perdido sus derechos civiles y políticos pero no su condición de personas? ¿Qué pasaría si el tema no se politizara y se abordara desde una perspectiva de ver las comunidades como un potencial productivo y de desarrollo sostenible para el país?

¡Cuidado! Parece ser que usted piensa que el escritor está a favor de la delincuencia. Contundentemente le digo que no es así. Creo que a las personas que infringen la ley se les debe juzgar bajo los procedimientos que la ley establece y recibir las penas que correspondan. Pero es precisamente en esta línea de pensamiento que difiero de la política gubernamental de exterminio, dado que la vida humana debe ser preservada independientemente de la condición social de las personas. Las familias en las comunidades sueñan con un El Salvador que dignifique a sus ciudadanos, donde nuestros hijos e hijas tengan reales oportunidades de superación en una cultura de paz.

Finalmente, cerramos haciendo la pregunta ¿Podemos crear una cultura de paz en un contexto de exterminio? ¿Podríamos como salvadoreños valorar realmente la vida?

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