Brujas y demonios donde no hay servicios de salud mental.

Menos del 1% del presupuesto de salud se destina a servicios de salud mental en El Salvador. De este total, poco más del 90% se destina a pagar salarios del personal y mantenimiento de infraestructura. La precariedad de la atención psiquiátrica y psicológica en el país, y el entorno social en la que se enmarca, se ilustran en el reportaje Cacería de brujas en tierra de demonios, publicado en marzo en la revista Séptimo Sentido:

La investigación más reciente indicaba que en el país se invertía menos del 1 % del presupuesto de Salud en servicios de salud mental. Los indicadores de prevalencia de trastornos mentales permiten reconocer que en el país no hay recursos para detectar a todas las personas que urgen ayuda de este tipo. Un acontecimiento ejemplarizante es el de la mujer que en noviembre del año pasado atentó contra sus tres hijos con un machete, mató a la niña de seis años y dejó heridos a un niño de nueve y a una de cuatro. A la mujer, en el caserío, se le acusa, aún hoy, de ser bruja, no de sufrir un trastorno mental avanzado. De acuerdo con experiencia de abogados, el estado mental de las mujeres que atentan contra sus hijos casi nunca es tomado en cuenta en un tribunal.

Dos de las personas que aportan a este reportaje son los psicólogos José Ricardo Gutiérrez, cuya investigación sobre violencia y salud mental en El Salvador revisamos aquí; y Carlos Iván Orellana, cuya propuesta de la psicología del desarrollo en sociedades inhóspitas comentamos aquí.

El caso de Esmeralda y la muerte de Rosa, la niña de seis años, le plantean a la Política Nacional de Salud Mental varias interrogantes: ¿Cómo hacer que la población que lo necesita busque ayuda adecuada? ¿Cómo hacer para que la población que lo necesita tenga los recursos necesarios para buscar la ayuda? ¿Cómo garantizar la adherencia a los tratamientos y las terapias en familias que no tienen asegurada ni la comida ni la vivienda digna o, en todo caso, en familias que no son funcionales?

 

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Ante el papel crucial que desempeñan promotores de salud y profesores de los centros escolares en la detección de las personas que necesitan atención psicológica o psiquiátrica, [Orellana] pregunta: “¿Cómo vamos a hacer si el promotor tiene que resolver sus propias amenazas, o si el profesor, para poder hacer la parte que le toca, dice ‘quítenme primero las situaciones de violencia que tengo en la escuela’? Lo que tenemos que saber es que este es un país en el que no podemos confiar en que las políticas se lleven a cabo, es un país de procesos alterados, patas arriba”.

Click en este enlace para leer “Cacería de brujas en tierra de demonios”.

* Fotografía que acompaña esta entrada tomada por Ángel Gómez e inserta en el reportaje con la nota: “Julia Esmeralda Mendoza, de 36 años, está siendo procesada por homicidio agravado en perjuicio de su hija de seis años de edad y por haber lesionado a sus otros dos hijos de cuatro y nueve años”.

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